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En medio de tantos cambios, en medio de tanta norma, en medio de tanto trabajo, y por supuesto, en medio de tanta oportunidad, les deseo un feliz día a todos mis colegas, que el año en curso les sea de grandes bendiciones y éxitos sin igual!.

C.P. Néstor Andrade

Inabvirtual.com

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El Consejo de Estado decretó una medida cautelar de urgencia con el fin de suspender, de manera provisional y preventiva, la Resolución 5358 del 30 de noviembre del 2015, en la cual el Ministerio de Transporte estableció la base gravable del impuesto de vehículos para el 2016.

 

En la resolución objeto de control, el Ministerio de Transporte estableció los avalúos comerciales de los automóviles, camperos, camionetas, motocicletas, motocarros y vehículos de servicio público y particular de carga y colectivo de pasajeros para la liquidación y el pago del impuesto de automotores correspondiente al año gravable 2016. Los valores dependen de la marca, el modelo y el cilindraje, entre otras características del automotor.

 

Según el concepto de la sala unitaria de la Sección Cuarta, el argumento central de la medida cautelar recae en el material probatorio, que evidencia la  expedición irregular, por falta de motivación y por inexistencia de trámites previos de divulgación de la resolución.

 

La medida es de carácter provisional y el Ministerio de Transporte podrá presentar argumentos en favor de la legalidad del acto.

 

Así mismo, la  decisión no es impedimento para que se continúe con el trámite del proceso administrativo y se decida de fondo sobre la legalidad del acto administrativo demandando.

 

Tabla base gravable 2016

 

Para contextualizar, en diciembre del año pasado, el Ministerio de Transporte expidió la Circular 421181 para señalar a las secretarías de hacienda y organismos de tránsito la metodología que se utilizó en la Resolución 5358 para calcular la base gravable del impuesto de los vehículos que circulan en el país.

 

La técnica utilizada fue el resultado de un contrato de consultoría que incluyó la definición de un modelo matemático para el cálculo de los avalúos, estudio a través del cual se realizó el levantamiento de la información existente en el mercado de vehículos y se definió un modelo econométrico que permite calcular el avalúo de cada vehículo y su depreciación en el tiempo.

 

Así, el Ministerio de Transporte determinó conveniente desagregar las líneas de los carros a un nivel más detallado y, en consecuencia, incluir en las tablas todas las líneas existentes en el mercado con su respectivo avalúo, especialmente en cuanto a motocicletas, vehículos de carga y vehículos de pasajeros y así establecer con mayor precisión el avalúo real de cada vehículo.

 

Finalmente, considerando que en algunas secretarías no se dispone de toda la información de los vehículos que se requiere para poder consultar las tablas y que, además, pueden existir casos en los cuales los valores del avalúo difieran sustancialmente frente a los valores del mercado, la Resolución 5358 del 2015 señala el procedimiento que se debe adelantar para definir dichos eventos.

 

(Consejo de Estado, Noticias, Feb. 16/16)

 

 

Fuente: AmbitoJuridico

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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) indicó que durante el 2016 mantendrá las acciones de control y fiscalización a fin de detectar el uso de software ilegal, donde se solicitará a las empresas los documentos que demuestren la legalidad de los programas utilizados. La Dian agregó que, actualmente, 110 empresas se encuentran respondiendo a procesos judiciales por temas relacionados con la propiedad intelectual.

 

Si durante las visitas periódicas que realiza la entidad se encuentra algún tipo de irregularidad, esta será reportada ante la Fiscalía General de la Nación, para que inicien las acciones correspondientes, que pueden llevar a sanciones de hasta ocho años de cárcel y multas de hasta 1.000 smlv, advirtió la autoridad aduanera. Cabe recordar que la Dian también recordó que la Ley 222 de 1995, modificada por la Ley 603 del 2000, establece la obligatoriedad de las sociedades comerciales de presentar informes de gestión, que contengan el estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor.